LOS AUDIOS Y EL CASO CHAVÍN DE HUANTAR

La opinión pública fue sacudida por los  polémicos audios registrados el 31 mayo del 2012 en torno al caso Chavín de Huántar. Difundidos hace poco por YouTube,  contienen el diálogo entre el ex presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, el entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor (hoy jefe del Gabinete), Pedro Cateriano, otrora agente peruano ante la CIDH (hoy Ministro de defensa), y la jueza Carmen Rojjasi (hoy cesada). En ellos se confirma la intención de subordinar el fallo de la jueza Rojjasi a los intereses del Ejecutivo.

El 15 de octubre del mismo año, la Sala Penal que presidía la jueza Rojjasi, absolvió a Vladimiro Montesinos, Huamán Azcurra y Hermoza Ríos. Hasta allí, cumplió con las exigencias del Poder Ejecutivo, pero admitió que el guerrillero tupacamarista Eduardo Cruz Sánchez (“Tito”), fue ejecutado extrajudicialmente. Por esto último, la liquidó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El titular del CNM, Máximo Herrera, señaló que Rojjasi fue cesada debido a que “sus calificaciones o calidad de decisiones eran muy bajas”.

Dice el diario La República que en los audios: "los representantes del Ejecutivo le plantearon sus deseos sobre el caso a la jueza". No hay que ser  profesional en Derecho para saber que el Poder Ejecutivo no puede interferir en las decisiones del Poder Judicial, supuestamente independiente. Decir: “le plantearon sus deseos”, es un eufemismo retórico fatal. Le imponían órdenes a un poder cuya independencia la exige la misma Constitución por la que juramentan.

¿DOBLE MORAL?

Vargas Llosa tiene un edecán oficioso y funcional en el actual gobierno: Pedro Cateriano Bellido. Siempre fue y es un hombre de confianza del laureado escritor, supuesto defensor universal de la democracia y ferviente opositor a la dictadura fujimorista. Pero su operador Cateriano, como el mismo Vargas Llosa, es antifujimorista para una cosa y pro-fujimorista para otras. Como defensor del estado peruano frente a la CIDH, lo único que hace es avalar uno de los delitos más inocultables e injustificables del fujimontesinismo.

Juan Jiménez Mayor, después de su paso por la Comisión Andina de Juristas, fue viceministro de Diego García Sayán, entonces ministro de Justicia del gobierno de transición de Valentín Paniagua. Y antes fue consultor de la comisión ejecutiva que intervino al Poder Judicial durante el fujimorismo.

Nótense ciertos detalles. Diego García Sayán, hoy presidente de la CIDH, es ex esposo de Eda Rivas Franchini, quien el 2012, juró como Ministra de Justicia, y asume como Ministra de Relaciones Exteriores el 15 de mayo de 2013. Tanto Rivas como Jiménez trabajaron para el gobierno de Alberto Fujimori.

Si esto no fuese suficiente para demostrar doble y hasta múltiple moral, conformémonos con lo más evidente: por un lado, el edecán de Vargas Llosa, Pedro Cateriano, y por otro, el tinglado de García Sayán-Rivas-Jiménez, estarían comprometidos en “salvar el honor” de los comandos, como si no hubiesen cometido violaciones a los derechos humanos durante el rescate de rehenes en 1997 bajo órdenes de Fujimori y Montesinos.

POBRE REPUBLIQUETA CON SOLDADOS DE OPERETA

La institucionalidad democrática no vale un cuerno en nuestro país, ni durante los gobiernos anteriores ni bajo el actual. Los congresistas fujimoristas y apristas no pueden reclamar por esta ilícita subordinación de poderes. Ellos hicieron lo mismo (y peor) cuando gobernaron. El actual gobierno es continuador del fujimorismo, tanto en economía como en violaciones a los DDHH, impunidad a militares genocidas, etc.

Lo más sorprendente es que la operación Chavín de Huántar (1997) sea recordada como un acto glorioso de las FFAA, que no se puede cuestionar, porque “nuestros heroicos comandos” son inimputables. A la republiqueta le hacen falta héroes para justificar gastos militares, derrotas diplomáticas, imposibles recuperaciones de territorios usurpados, etc. La victoria de 142 comandos contra 14 guerrilleros que no habían roto negociaciones con el estado, no es una gran batalla entre fuerzas regulares. Y si le dicen así, fue una batalla sin prisioneros, sin heridos ni rendidos.

Comprobar que cometieron asesinatos de prisioneros, es herejía. Ollanta Humala heredó la tarea de preservar el prestigio de sus colegas, habiendo sido él un militar antisubversivo durante la guerra interna, acusado de violaciones a los DDHH. Sus héroes de opereta pueden ganar una “batalla” de 142 contra 14, porque como dijo Manuel Scorza, las únicas guerras que el ejército peruano puede ganar son contra los peruanos mismos.

Paradoja de la historia: los 14 guerrilleros del MRTA, no asesinaron a ningún rehén. Y tuvieron en sus manos a ladrones, traficantes, genocidas de uniforme, entre personalidades del poder y diplomáticos japoneses. Los “gloriosos” comandos no capturaron ni un emerretista con vida, ni rendidos ni heridos. Pero el cráneo de “Tito” habló. Y su discurso hasta hoy es irrefutable.

CONTINUIDAD DE LA IMPUNIDAD SIN ESCRÚPULOS

El juez San Martín dice en el audio: “Es evidente que lo que uno quiere, como Estado, con la independencia del caso, es que se diga ‘no hay muerto extrajudicial, murieron en combate’. (…) Obviamente, el peor escenario es que se diga que todo fue planificado y que hubo una orden, en consecuencia se mancha Chavín de Huántar”. San Martín fue uno de los vocales supremos de la Sala Penal Transitoria que, hace un par de semanas, el 25 de julio de este año, ratificó la absolución de Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra por el caso Chavín de Huántar. (...) Es decir, San Martín ratificó la sentencia de la que conversó con Rojjasi en mayo de 2012. 

Probado está que para absolver a sus “heroicos comandos” ante la CIDH, hay que absolver antes aquí a Montesinos, Hermoza Ríos y Huamán Azcurra. Sin escrúpulos.

Entonces, ¿cuál fue el interés de San Martín al interferir con las decisiones de la jueza Rojjasi el 2012? Si el 2013 ratificó la sentencia de Rojjasi, la misma que admite la ejecución extrajudicial del camarada “Tito”, el objetivo no fue ése sino la absolución de Montesinos, Hermoza y Huamán.

Si hubo o no una cadena de mando paralela, la diferencia es insoportable para el más burdo sentido común. Dos policías que fueron parte del SIN en ese operativo, ratifican su versión sobre el asesinato de “Tito”, al igual que Ogura, uno de los rehenes japoneses: ejecutaron a prisioneros rendidos.

Nosotros -dice Hidetaka Ogura en su libro "El diálogo obstruido", publicado en Japón el año 2000- nos vimos obligados a bajar por una escalerilla que el cuerpo especial colocó en la terraza. Yo fui el antepenúltimo (...) en asirme a la escalerilla. En ese momento vi (...) detenidos a Cynthia y otro guerrillero (no pude ver su cara). Cynthia gritaba. No pude captar bien si decía `No lo maten' o `no me maten'.

Los dos emerretistas mencionados eran de baja estatura y estaban rodeados por cuatro comandos más altos que ellos. No vio si los subversivos aún estaban armados y tampoco quién era el que acompañaba a Cynthia.

La otra escena que relata Ogura habría sido observada por muchos rehenes que luego callaron o se retractaron. Se refiere a Eduardo Cruz Sánchez, "Tito", quien sigue siendo el asesinado más visible:

Todos los rehenes que estábamos en la habitación 'I' fuimos conducidos hacia la casa contigua por el túnel por el cuerpo especial . Ahí vi a `Tito', el número dos, tirado en el suelo con las manos amarradas atrás. De esta escena he sido testigo junto con diez rehenes japoneses y siete rehenes peruanos. La casa vecina donde fuimos (...) a refugiarnos estaba resguardada por el cuerpo de la Policía Nacional, pero `Tito' fue llevado de regreso a la residencia del embajador Aoki.

¿A QUÉ LE TEME EL ESTADO PERUANO?

Las temidas consecuencias de un nuevo giro ante la CIDH son dos:

A. - Políticamente, quedaría descalificada la operación de rescate y los comandos que la ejecutaron. Y para salvar de responsabilidad a Fujimori, Montesinos, Huamán y Hermoza, les sería insuficiente escudarse tras el honor de  los "heroicos comandos" .

B.- Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos  determina que hubo una violación del derecho a la vida, el estado peruano estaría obligado a dar una reparación económica a los familiares.

Esta última les causa estupor. Para el procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, detrás de estas denuncias existe la pretensión de cobrar al Estado millonarias indemnizaciones. “Estamos desarrollando ahora toda una línea de investigación, respecto a estas indemnizaciones millonarias que se están cobrando. (…) La doctrina jurídica indica que uno no puede obtener enriquecimiento de una indemnización”, manifestó al diario Gestión.

LA IZQUIERDA REAL Y QUÉ CLASE DE UNIDAD ES POSIBLE

Aunque usted no lo crea, la izquierda peruana existe. No hablamos de las mismas caras de siempre, del retrato de familia que tomaron las cámaras Kodak instamatic a fines de los 70’. De esos no hablamos. Nos referimos a los ciudadanos de a pie que hicieron posible la existencia de los partidos que cada uno de los señores feudales vampirizó. El ideario de la izquierda se fue trasmitiendo de generación a generación, no por mero ejercicio de la tradición oral, sino porque los jóvenes heredan las condiciones socio-económicas que anteriores generaciones sufrieron y combatieron.

Aunque usted no lo crea, el voto de la izquierda ha puesto al actual presidente de la república y a la actual alcaldesa capitalina. En los dos casos, los votantes izquierdistas han sido defraudados y traicionados. Ollanta se olvidó del Gran Cambio, del Alba, del nacionalismo, de la protección de los recursos, de la soberanía, etc.  Susana Villarán se reveló como lo que fue siempre: una caviar al servicio de las transnacionales que financian proyectos “humanitarios”, fiel a la caja de USAID,  adicta neoliberal,  amiga de las damas de blanco en Cuba, de Yoani Sánchez y de Capriles en Venezuela.


Se lo advertimos y no hicieron caso

Aunque usted no lo crea, nuestra humilde organización de izquierda revolucionaria (ML-19) , advirtió la catadura de ambos. No era necesario ser cartománticos. La naturaleza de un alacrán no se modifica por las buenas intenciones del ingenuo que quiera domesticarlo. Siempre le picará. Y aunque usted no lo crea, la zurda del "mal menor", siguió y sigue apostando al “candidato de unidad”, al out sider que pueda salvarlos de sus miserias orgánicas e ideológicas para las siguientes elecciones. Los mismos jerarcas que frisan la tercera edad, fueron los que apostaron por Velasco y les mordió la mano, los que apostaron por Fujimori en 1990 y les destrozó el brazo, los que apostaron por Toledo y los dejó fuera de circulación. Y son los mismos que hicieron el gran papelón con Ollanta, con los auspicios de quienes no deberían entrometerse en asuntos internos de otros países.


El voto de la izquierda y los saurios en extinción


Los cadáveres políticos de antaño siguen usufructuando lo que queda de sus organizaciones y no tienen opción de candidatear, pero tampoco están dispuestos a posibilitar el recambio generacional. Generar sucesores, fuera de sus familiares o incondicionales, no está en su agenda. Esas momias insepultas han desviado incluso a quienes podían sucederlos, como es el caso de Santos en Cajamarca. Le hicieron el peor servicio al proponerlo candidato presidencial apenas se iniciaba la lucha contra Conga. Los apetitos electoreros no conjugan con el espíritu de lucha de todo el pueblo, justamente por el desprestigio de la clase política y la experiencia de haber visto por décadas los intereses de los trabajadores subordinados a los intereses personales de unos cuantos “vivos”.

El voto de izquierda es un voto masivo anti -neoliberal, antiimperialista, en pro de los derechos humanos, por una sociedad plural e inclusiva, etc. Ese voto clama por representantes auténticos, emanados de la misma lucha y no elaborados al margen de ella. Pero reclama también por un programa de lucha que los capitostes y mandarines de la gerontocracia partidaria no han puesto sobre la mesa. La discusión de un programa revolucionario es mucho más urgente que un proceso de unidad basado en el cubileteo electoral o en la repartija de candidaturas. El voto de la izquierda no debe servir jamás para poner a otro imbécil en el palacio presidencial o a parásitos sociales en el parlamento.


Algo en lo cual insistimos y seguiremos insistiendo


La izquierda y el pueblo en general están en absoluta desventaja bajo las condiciones impuestas por una legislación electoral que es obra de Fujimori y Montesinos. Hace dos periodos electorales hicimos un llamado a todas las izquierdas para unirnos en un solo bloque y luchar por una nueva ley electoral y también por una nueva ley de partidos políticos. No quisieron asumir la batalla, en la creencia que con esta legislación, heredada de la dictadura, podían ganar.

Para nadie es un secreto que la constitución vigente es obra de Fujimori y Montesinos. Es una constitución neoliberal, anti-soberana y antilaboral. La izquierda tradicional propuso una nueva asamblea constituyente, una nueva constitución, pero poco a poco fue abandonando la lucha y ni siquiera se quedó con la consigna. Nuestra organización llamó a todas las izquierdas a luchar sin desmayar, sin retroceder ni claudicar por una nueva constitución.

Otra propuesta nuestra fue luchar porque el voto universal y secreto no sea obligatorio. Estamos en una republiqueta donde se sanciona a los ciudadanos que no les interesa votar. Por ello, se legitima la democracia representativa a través de una medida coercitiva.

También pusimos énfasis en la construcción de los órganos de poder popular. La democracia representativa es un viejo armatoste desprestigiado ante los ojos del pueblo. Este caduco artefacto es sostenido increíblemente (por dolo, error u omisión) por la izquierda tradicional. La democracia representativa no es nuestra democracia, dijimos, porque la nuestra es la democracia directa de masas, con amplia participación ciudadana.

No nos escucharon y no nos escuchan. Parece que la izquierda tradicional se siente cómoda bajo el látigo del amo. Pero insistimos para que estos puntos sean incluidos en una nueva plataforma de unidad que, por supuesto, también debe contener otros clásicos tópicos.

Descansa en paz, Javier Diez Canseco

La muerte de Javier Diez Canseco no solamente ha conmocionado a los ciudadanos de izquierda sino a grandes sectores populares y a amplios segmentos de la opinión pública. Es un hecho infausto que ha remecido conciencias frente al fallecimiento del parlamentario más investigador, acusador y eficiente de la izquierda peruana. A diferencia de sus críticos “ultras”, JDC ha tenido el privilegio de ser siempre elegido desde que fue dirigente estudiantil, pasando por ser el diputado más joven a la Asamblea Constituyente de 1978 y consagrándose como parlamentario desde 1980 hasta que una alianza vergonzosa lo suspendiera este año 2013. Digámoslo claramente: si él escogió el camino de las urnas, fue consecuente con su programa.

Mientras se ocupan del estúpido vídeo de la primera dama enseñando las piernas, el presidente Ollanta Humala no se ha pronunciado sobre la muerte de Javier Diez Canseco, no ha declarado día de duelo nacional, no ha ordenado poner la bandera a media asta.  Podemos interpretar que el gobernante de turno, más que indiferencia, siente satisfacción por la desaparición física del parlamentario. Durante la primera noche del velorio, notamos la presencia del padre del presidente, Isaac Humala, y de un arreglo floral enviado por su hermano en prisión, Antauro Humala. Gestos que revelan conflictos al interior de una panaca sedienta de poder.

La campaña de desprestigio contra Javier Diez Canseco, que fue digitalizada desde Palacio de Gobierno y que lo condujo desde el escándalo hasta la suspensión en el Parlamento, contó con la votación de 21 congresistas del nacionalismo.

Esto no puede ser interpretado solamente por el distanciamiento de JDC del gobierno a causa del caso Conga. Al revés,  es el gobierno el que se alejó de sus promesas, se alineó con las transnacionales mineras y traicionó su programa por“el gran cambio”.  Paso necesario fue liquidar la “hoja de ruta”, el gabinete Lerner y a todos los izquierdistas de los ministerios. Después vino el desquite de la primera dama contra JDC, campaña de  difamación y suspensión. Nadie sabía que lo iba a matar el cáncer en tiempo récord… ¿O sí?

Estamos ante un resultado más de la pandemia de cáncer anti-rojo que cunde en América Latina. El proceso ha sido fulminante, como cualquier ejecución sumaria. La nueva forma de matar le ha sido aplicada casi a la par de su sanción y exclusión congresal. Las intenciones también han quedado en evidencia cuando en algunos twitts encontramos mensajes fatalistas y agoreros: “murió el último izquierdista”, “la izquierda parlamentaria desaparece”, etc.

Lo cierto es que el velorio de JDC ha registrado un aluvión de público doliente, muchos vuelven a hacer palmas revolucionarias como en su juventud y también hay los que cantan “La Internacional” ante su féretro.Recuérdese que fue el voto de izquierda el que puso a un presidente y a una alcaldesa. Ambos traicionaron y ambos son incompetentes, pero fue la izquierda la que los puso allí.  Como ha dicho Rosa Mavila, la muerte de Javier Diez Canseco ha vuelto a convocar a esos votantes que mañana o más tarde pueden unificar voluntades -digo yo-  para cambiar al país, sea por las urnas o sea por la insurgencia.

Así como la izquierda reformista recién lo ha visto, la izquierda revolucionaria una vez más lo confirma: no hay posibilidades de alianzas o de conciliaciones con el nacionalismo burgués. La imagen de Javier Diez Canseco, irreductible e insobornable, perdurará en la memoria del pueblo como la antítesis de un gobernante pusilánime subordinado a los grupos de poder. Descanse en paz, Javier, mientras nosotros reordenamos filas para el combate.

LAS OVEJAS Y EL LOBO: OLLANTA Y LAS IZQUIERDAS

Hubo una izquierda que confió en Ollanta y jugó al “candidato de la unidad”, ingenuidad respaldada por tres embajadas. Humala, desde el comienzo, purgó a otras izquierdas, como Patria Roja, del frente unitario. Aún así, los ingenuos persistieron en verlo como “el nuevo Velasco” o “el Hugo Chávez peruano”, cuando advertimos que no sería más que un émulo del ecuatoriano Lucio Gutiérrez.

Nos llamaron "infantiles", porque no nos subordinamos a esa unidad impuesta. Y nos quitaron de las listas de invitados en  las embajadas amigas, porque supuestamente no contribuíamos al “gran cambio”. Simplemente decíamos la verdad: un incompetente financiado por los monopolios Gloria, Wong, grupo Oviedo y (ahora lo sabemos) hasta por Yanacocha, no prometía ni transformaciones ni revoluciones.

Los reformistas de izquierda fueron purgados del gabinete ministerial (Gabinete Lerner) en los primeros meses de gobierno. Ollanta impuso a otro militar (Valdez) en el cargo de premier. La derecha y el fuji-aprismo, que antes temían al supuesto candidato “chavista”, aprendieron a aplaudirlo. La campaña mediática anti-Ollanta cambió de direccionalidad y se convirtió en pro-Ollanta.

¿Qué está pasando?

No es la campaña mediática la que quita gabinetes o funcionarios, como estúpidamente asegura Lynch, sino que ésta es el reflejo de asuntos que se definen en la esfera del poder. Junto a los clásicos grupos de poder económico (Romero, Brescia, Graña y Montero, INTERBANK, Gloria, Wiese, etc.) se abren paso los emergentes: Añaños, Huancaruna, Oviedo, Torvisco, Flores y Sandoval. A todos ellos les conviene la continuidad del modelo neoliberal, la constitución fujimorista de 1993, la legislación antilaboral y antipopular que heredamos de la dictadura.

Para muestra, un botón: Apoyo Total, la empresa arequipeña a la que la primera dama, Nadine Heredia brindó en el 2008 asesorías por más de 5 mil dólares mensuales, este año 2012 se vio beneficiada por contratar con el Estado peruano por un monto de 12 millones 967 mil 416 nuevos soles. Apoyo Total funcionó como tercerizadora para canalizar las contribuciones del Grupo Gloria a la candidatura de Ollanta Humala. El Grupo Gloria antes fue ferviente suministrador de recursos al exdictador Alberto Fujimori. ¿Más evidencias?

El alineamiento del gobierno humalista con el fujimorismo, obedece a estos intereses de clase. Y son cuestiones que pasan por manos de Ollanta o de Nadine. Se deciden en Palacio.

La liquidación de todo tipo de izquierda

Ahora nos quieren sorprender con una campaña contra el MOVADEF, como si éste fuera el principal problema del país.

Ya hemos mencionado la liquidación del gabinete Lerner y su reemplazo por el equipo de Valdez, que marcó el abandono de la hoja de ruta y de la “gran transformación” el 2011. 

En agosto de 2012, pasó desapercibida la separación de Pablo Checa del Ministerio de Trabajo, quien respondía a la CGTP y especialmente a los pro-ollantistas del PCP-Unidad. Hoy nos sorprenden con la “renuncia” de Nicolás Lynch al cargo de embajador peruano en Argentina y simultáneamente con la suspensión sin goce de haber del parlamentario Javier Diez Canseco. 

Aún hay tontos que consideran cada uno de estos hechos como aislados. Pero si a tales acontecimientos les sumamos el silencio presidencial sobre la campaña por la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, obtendremos un primer resultado. Un segundo resultado es la campaña anti-terrorista en las universidades y la ley contra el negacionismo, que no tienen como objetivo censurar al MOVADEF sino a todo tipo de izquierdas. 

Lo que quedaría por descifrar es la incógnita de una ecuación simple: ¿Cuál es el interés político inmediato? Respuesta: allanar el camino al indulto del ex -dictador Fujimori, con el cual se sellaría la santa alianza ollantista-fujimorista que hemos visto reflejada en el Congreso para sancionar a Javier Diez Canseco.

El sueño del capitán Carlos

La izquierda reformista no quiso ver en el pasado de Ollanta Humala el perfil axiológico del militar antisubversivo, violador de derechos humanos y anticomunista furibundo. Tampoco quiso ver en la asonada de Locumba una conspiración cuartelera para que Vladimiro Montesinos escapara en el yate Carisma. Y muchos radicalizados pretenden ignorar cuál fue el verdadero interés en la rebelión de Antauro Humala en Andahuaylas. Lo cierto es que los hermanos Humala, en sus dos versiones, son creación de Vladimiro Montesinos.

La prédica nacionalista fue diseñada para acabar con todo vestigio de comunismo, suplantándolo por etno-cacerismo, delirios tawantinsuyanos y nacionalismo a secas. Los operadores idóneos, según el plan de Montesinos, serían ex soldados que habían participado en la campaña antisubversiva, es decir, violadores de derechos humanos abandonados a su suerte que podían ser reclutados gratuitamente para la cruzada extirpadora de ideologías.

Ollanta se ocupó en su campaña electoral de infamar a los defensores de los derechos humanos y pedir el cese de juicios a los militares que habían derrotado a la subversión. Vemos que esta tarea es cumplida a la perfección bajo su gobierno. Y ya se anunció el traslado de su hermano Antauro Humala, de la prisión de la Base Naval del Callao a otro penal donde goce de las gollerías que ningún recluso tiene.

El anticomunismo de Ollanta puede sorprender a incautos, pero no a quienes lo identifican como el capitán Carlos, violador de derechos humanos en la localidad de Madre Mía. Ahora ha dado rienda suelta a ese anticomunismo castrense que coincide con el de los fujimoristas, disparando a diestra y siniestra contra radicales, reformistas, movadefs y caviares.

Se negocia el indulto a Fujimori desde junio

El coronel en retiro Adrián Villafuerte Macha, conocido como “El Ácido” (como lo llamaban en su promoción) sigue siendo uno de los principales asesores de Ollanta Humala. Villafuerte entabló conversaciones con el exministro de Defensa del régimen fujimorista (en prisión) César Saucedo Sánchez, para canalizar el indulto a Fujimori por un módico precio (50 millones de dólares)  depositable en Bangkok. El garante sería el general de brigada Edgar Mercado Zedano, quien fue jefe de la casa militar de Fujimori durante 05 años (y sabe mucho sobre el robo del oro del Paititi).

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

SOBRE EL PROYECTO DE LEY CONTRA EL NEGACIONISMO

Los escritores, poetas, dramaturgos, artistas,  intelectuales y profesionales que firmamos el presente comunicado, nos oponemos al proyecto de ley contra el negacionismo presentado al Congreso de la República por el Presidente de la República Ollanta Humala Tasso y el Presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor, el 28 de agosto de 2012, por las siguientes razones:

PRIMERO.- La Constitución vigente, en su Artículo 2°, indica, en los incisos que señalamos a continuación, que toda persona tiene derecho:

Inciso 3.        A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias.  No hay delito de opinión.  El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la  moral ni altere el orden público.

Inciso 4.        A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código  Penal y se juzgan en el fuero común.

Inciso 8.    A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

SEGUNDO.- El proyecto de ley presentado al Congreso de la República por el Presidente de la República Ollanta Humala Tasso y el Presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor, el 28 de agosto de 2012, pretende incorporar el art. 316-A al Código Penal en los términos y condiciones siguientes:

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años el que públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas, previstos en el artículo 2° del Decreto Ley N°25475 y establecidos en una sentencia judicial firme, de modo tal que el contenido de esas expresiones resulte idóneo y suficiente para los siguientes fines:

a) Menospreciar, hostilizar u ofender gravemente a un colectivo social.

b) Enaltecer a los responsables de dichos delitos.

c) Propiciar o estimular la violencia terrorista.

d) Sirva como medio para adoctrinar con fines terroristas.

TERCERO.- El Proyecto de Ley contra el negacionismo que hemos expuesto, pone en peligro las libertades que la Constitución señala en cuanto a libertad de expresión, opinión, creación intelectual, artística, técnica y científica.

CUARTO.- El Perú ha vivido un conflicto armado interno que enlutó al país y este drama colectivo se ha reflejado (y continúa reflejándose) en creaciones literarias, artísticas, artículos de opinión y obras de análisis científico-social que no deben ser censuradas por ley alguna.

QUINTO.- De aprobarse este proyecto y promulgarse la ley, los jueces y fiscales estarían facultados para interpretar el grado de responsabilidad -dolosa o culposa- de escritores, artistas e intelectuales que se refieran en sus obras a hechos y personajes que participaron en el conflicto armado interno. Esta libre interpretación de jueces y fiscales los autorizaría a calificar qué obras o autores enaltecen a los responsables de delitos de terrorismo, propician o estimulan la violencia o sirven para adoctrinar con fines terroristas.

SEXTO.-  Por estos motivos, los escritores, poetas, artistas, intelectuales y profesionales que firmamos el presente documento rechazamos el proyecto de ley contra el negacionismo, previniendo a la opinión pública sobre las consecuencias que traería su aplicación en el campo del arte y la cultura, así como en el del periodismo y las ciencias sociales. Asimismo señalamos el carácter anti-constitucional del proyecto mencionado y su plena identidad con regímenes totalitarios de corte fascista que han oficializado la persecución de personas por motivo de ideas.

FIRMAS:

Dante Castro Arrasco, escritor, docente y periodista DNI N° 25402972

Gonzalo Espino Relucé, poeta, docente universitario. DNI N°07207593

Mary Ann Agurto. Poeta, promotora cultural. DNI N° 40140144

Bernardo Rafael Álvarez, poeta. DNI N°25486055

Javier Arévalo, escritor, periodista y editor, DNI N° 07237428

Ysabel Gutierrez Yagui. Abogada defensora de Derechos Humanos. DNI N° 09843047

Oscar Calderón Torres, poeta,docente. DNI N° 09327384

Juan Soria Cevallos, periodista. DNI N° 09675756

Ricardo Virhuez Villafane, escritor y editor. DNI N° 08480806

Dimas Arrieta Espinoza, escritor y docente universitario. DNI N° 07919044

Jorge Casilla Lozano, escritor y docente. DNI N° 41571451

Percy Ramírez, escritor, docente universitario. DNI N° 10070847

José Eduardo Bendezú Gutarra, poeta. DNI N° 70440561

Eduardo Gonzalez-Viaña, escritor y docente DNI 18172685

Walter Lingán, poeta y escritor. DNI N° 523522780

Mary Soto Bringas, poeta y periodista. DNI N° 08628144

Ana María Intili, poeta y doctora en medicina. DNI N° 08245377

Timoteo Atoche Gutiérrez, arquitecto. DNI N° 08246049

Gerado Benavidez Caldas, sociólogo y docente. DNI N° 06204078

Edgar Saavedra, escritor.  DNI N° 10144958

Rogger Tang Rios poeta y narrador DNI N° 32835718

Ivan Alfonso Loyola Velarde, escritor. DNI N° 06474063

Rosa Emma Robles Trinidad, socióloga y declamadora. DNI N° 46270470

Irene Vegas García, catedrática, crítica y poeta. DNI N°  06407679

Pedro Manuel Truel Robles, antropólogo. DNI N° 40463026

César García Lozada, economista y escritor. DNI N° 06182908

Víctor Aguirre Aroni, historiador. DNI N° 43300968

Casimiro Ramírez Tenorio, escritor. DNI N° 08341884

Arturo Vicente Aponte Nuñez, abogado, poeta y luchador social. DNI N° 07281225

Yasmín Díaz Gavilán, periodista. DNI N° 09851438.

José Carlos Medina Montes, estudiante de Derecho y dramaturgia. DNI N° 45191418

Javier Enrique Garvich Rebatta, sociólogo, promotor cultural. DNI N° 08822336

Juan Cristóbal, poeta y docente. DNI N° 08705429

Jorge Espinoza Sánchez, editor, escritor y poeta. DNI  N° 8636855

Sócrates Zuzunaga Huaita, escritor. DNI N° 09900323

José Antonio Mazzotti, poeta y catedrático. DNI N° 06350301

Rosina Valcárcel Carnero, poeta y catedrática. DNI N° 07330070


César Ángeles, escritor, periodista y docente universitario. DNI N° 08775721


José Abelardo Güich Rodríguez, escritor, periodista y docente. DNI N° 07272400


Roger Santibáñez, poeta y docente universitario DNI N° 08104162

(SIGUEN FIRMAS)

Y SE ACABÓ LA PARADA CON SALDO DE CUATRO MUERTOS

El capitalismo prodiga libertades. No digo políticas, pues cuando siente que se le mueve el piso, recurre a dictaduras genocidas. Digo libertades comerciales. “Dejar hacer, dejar pasar”: ése es su lema desde Adam Smith. El libre juego de la oferta y la demanda, según su teórico principal, lo regula todo. El Estado debe asumir un rol pasivo o estrictamente policial. El caos comercial que surgió en La Parada, es un resultado ejemplar de estas recetas.

En 1945, se construyó el Mercado Mayorista de Lima en los terrenos cedidos por la familia Cánepa, haciendo que se concentre en La Victoria un gigantesco movimiento comercial. Como todo macro mercado necesita de empresas de transporte (de pasajeros y mercadería) los paraderos y corralones se instalaron en las avenidas 28 de Julio, Aviación y Gamarra. Así se le denominó “La Parada”, llegándose a zonificar el binomio comercio-población que trajo como consecuencia las invasiones de migrantes andinos al Cerro San Cosme desde 1946. La diversificación del comercio allí hizo surgir otros negocios que surgieron tras un crecimiento caótico y calcutizado. Desde entonces, ningún gobierno, sean dictaduras o democracias, enfrentó el problema. Los que piden “mano dura” deberían tomar en cuenta que las dictaduras más feroces convivieron con el desorden y en virtud de un populismo inaceptable dejaron hacer y dejaron pasar. Después de 67 años, un gobierno municipal se atreve a ordenar algo que se convirtió en foco insalubre, nido de delincuentes y de comerciantes que acrecentaron sus millones gracias a la informalidad.

El asunto se agudiza si no se calculan los riesgos del impacto social que produce un traslado. La alcaldesa Susana Villarán ahora enfrenta la insurgencia de diversos sectores e intereses unidos que se resisten al ordenamiento y la reubicación. El descontento ha sido capitalizado por la derecha que pide su revocatoria. Esa revocatoria fue fomentada, desde el comienzo de su mandato, por el alcalde Castañeda Lossio, la derecha y el fujimorismo. El interés principal estuvo en frustrar las investigaciones de la gestión edil anterior. Por eso agitaron la revocatoria incluso antes que la actual alcaldesa hubiese cometido algún error.

Queda demostrado hoy que Susana Villarán no tenía una estrategia social para la reubicación de La Parada. Como hemos dicho en el artículo anterior, esto no es un simple caso de delincuentes pagados por los grandes comerciantes. La derecha ha capitalizado el descontento de pequeños comerciantes, ambulantes, trabajadores por cuenta propia, estibadores y delincuentes que han hecho su modo de vida allí. Esos son los protagonistas de una violencia masiva que ha sorprendido a los televidentes. Los grandes emergentes, ya tienen soluciones y no temen al traslado. Otros menos grandes tienen contratos pendientes y fomentan o financian convulsiones sociales.

La reubicación de La Parada implica la desarticulación económica de dos distritos que han vivido gracias a ella. Cerrar el paso de camiones con grandes bloques de concreto, implica que cientos de personas no trabajarán los siguientes días. Pero más allá del reordenamiento necesario, esto nos obliga a meditar acerca del caos que trae el crecimiento capitalista en Lima.


El alcalde Alberto Andrade tuvo que enfrentar a los comercializadores de pirotécnicos después del macabro incendio de Mesa Redonda. Frente a cada ordenanza municipal de Andrade, los comerciantes sacaban una acción de amparo del Poder Judicial. Ni el enorme número de víctimas pudo motivar su reubicación. Allí siguen, hasta ahora, hacinados y sin las mínimas condiciones de seguridad.

EL SALDO FINAL


La Parada sale, victoria del municipio, pero esto deja sin ocupación a una multitud que vive en los alrededores. Los delincuentes, entre quienes se alzaron, no fueron tantos. Eran más los sub-ocupados, estibadores, ambulantes, vendedores de alimentos, recicladores, etc., que se quedan en la calle. La mafia se traslada a Santa Anita: solamente es un cambio de lugar.Los que amasan fortunas siempre ganan, aquí o allá.


Si nos demuestran que la delincuencia en Lima disminuirá con la reubicación de La Parada, tendremos que reubicar el parlamento para que no haya tanto ratero de cuello blanco. Tal vez la reubicación funcione como pomada milagrosa para curar todos los males.

Los revocadores fujimontesinistas se alimentan de los errores políticos del municipio. Una sana lectura de Sun Tzu le hace falta a Susana Villarán. Antes de ser alcaldesa, despenalizó los delitos menores y nos dejó en manos de los delincuentes. Ahora dice que esos delincuentes, para quienes instituyó la impunidad, son quienes atacaron a la policía.

Lo inaceptable sería legitimar la muerte como solución para instaurar el orden o cumplir la ley, porque igual procede el gobierno frente a los muertos de Conga o Espinar. Si lo dice así, unos con guitarra y otros con cajón, la misma vaina son.

LA PARADA DE LA VILLARÁN

Hemos visto horrorizados las imágenes de los luctuosos enfrentamientos en La Parada. La policía fue desbordada y derrotada por una muchedumbre, pero sólo nos explican que son elementos del lumpen y delincuentes comunes al servicio de los principales interesados: comerciantes inescrupulosos, mafias que se resisten a la reubicación, etc. Esta explicación es insuficiente.

Los delincuentes que pueden ser contratados o movilizados por los comerciantes, están lejos, numéricamente, de constituir la muchedumbre que atacó a la policía. Por supuesto los hubo, entreverados en la masa enardecida y aprovechando la ocasión. Pero, ¿quiénes más estuvieron allí dispuestos a matar o morir por la permanencia de La Parada?

Alrededor de los grandes negocios de prósperos comerciantes, se teje una extensa red de intercambios que involucran a muchas personas y familias. Estas personas viven en los alrededores de La Parada y han constituido sus diversos sistemas de vida en torno a ella. En esa galaxia de constelaciones de intereses económicos, tenemos a pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, reducidores, recicladores, estibadores, trabajadores, guachimanes y… ladrones, asaltantes, proxenetas, traficantes de drogas y alcohol barato, etc. Los ricos pueden aceptar mudarse a Santa Anita, pero los pobres y marginales no. Y los marginales, cuando se rebelan, terminan saqueando los negocios de quienes más tienen.

Entonces, más allá del ordenamiento que legítimamente intenta imponer el municipio para terminar con el caos (algo que ningún alcalde anterior quiso tocar), hay un problema social que el equipo de Susana Villarán no entendió o no tuvo interés en investigar. Se supone que es necesario investigar para trazar una estrategia eficaz y prever las consecuencias. Significa conocer esa realidad para anticiparse al riesgo y al impacto social de una medida. Tampoco lo hizo el servicio de inteligencia de la Policía Nacional (PNP).

Los caviares están muy lejos del pueblo. Si durante 30 años lucraron de proyectos en las ONG y miraron con telescopio las estrategias de supervivencia de los migrantes, no pueden hoy entender qué pasó en La Parada. Carecen de tácticas de publicidad que sí tienen sus opositores. Y así como cada partido de gobierno coloca a sus favoritos en puestos de trabajo con jugosos sueldos, los caviares contratan a otros caviares, sea por recomendaciones o vínculos familiares.  No por sus méritos. De ahí podemos explicarnos la incapacidad, la falta de criterio, la irresponsabilidad de funcionarios que gozan de la confianza de una alcaldesa que no tiene facultades de liderazgo.

La Policía Nacional se ha mostrado incompetente. Los hemos visto antes hacer prodigios de movilización y concentración de fuerzas contra el pueblo organizado. Pero, ¿no estará esta “casual” incompetencia ligada a los intereses de quienes promueven la revocatoria? ¿Enmudecieron sus agentes de inteligencia? Entendemos que la policía no  fue a desalojar sino a “acompañar” a la colocación de bloques de cemento para cercar la zona y garantizar el cumplimiento de una ordenanza. Entendemos que ello no tenía que coordinarse con la fiscalía. Pero si se nos dice que la acción fue coordinada, con anticipación, entre la Policía y la Municipalidad, ya sabemos por dónde se pudre el asunto. El alto mando de la PNP sabía la fecha en que se colocarían los bloques y que coincidía con la ausencia de la alcaldesa. Entonces pudo alertar a los artífices de la revocatoria y a la muchedumbre que vive de La Parada, porque nunca más tendrían una oportunidad así.

La aplanadora mediática de conciencias hace tiempo funciona contra la alcaldesa Villarán. Ella, no quiso tener un equipo de contraofensiva mediática. El voto de izquierda la puso en el gobierno municipal. Pero apenas tuvo la ocasión, deslindó con la izquierda, se declaró antichavista y antifidelista. Mientras tanto, sus opositores (que sí están unidos) han hecho coincidir la rebelión de los marginales, su ausencia del país y la entrega al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del último lote de firmas a favor de la revocatoria. Hasta este momento, se contabilizan dos muertos por los sucesos de La Parada. Siguen los saqueos, la gente del cerro se moviliza nuevamente y el presidente Humala no se pronuncia. Una vez más tendremos que apoyar a la elegida por el pueblo, pero no podemos tapar el sol con un dedo.