LOS AUDIOS Y EL CASO CHAVÍN DE HUANTAR

La opinión pública fue sacudida por los  polémicos audios registrados el 31 mayo del 2012 en torno al caso Chavín de Huántar. Difundidos hace poco por YouTube,  contienen el diálogo entre el ex presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, el entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor (hoy jefe del Gabinete), Pedro Cateriano, otrora agente peruano ante la CIDH (hoy Ministro de defensa), y la jueza Carmen Rojjasi (hoy cesada). En ellos se confirma la intención de subordinar el fallo de la jueza Rojjasi a los intereses del Ejecutivo.

El 15 de octubre del mismo año, la Sala Penal que presidía la jueza Rojjasi, absolvió a Vladimiro Montesinos, Huamán Azcurra y Hermoza Ríos. Hasta allí, cumplió con las exigencias del Poder Ejecutivo, pero admitió que el guerrillero tupacamarista Eduardo Cruz Sánchez (“Tito”), fue ejecutado extrajudicialmente. Por esto último, la liquidó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El titular del CNM, Máximo Herrera, señaló que Rojjasi fue cesada debido a que “sus calificaciones o calidad de decisiones eran muy bajas”.

Dice el diario La República que en los audios: "los representantes del Ejecutivo le plantearon sus deseos sobre el caso a la jueza". No hay que ser  profesional en Derecho para saber que el Poder Ejecutivo no puede interferir en las decisiones del Poder Judicial, supuestamente independiente. Decir: “le plantearon sus deseos”, es un eufemismo retórico fatal. Le imponían órdenes a un poder cuya independencia la exige la misma Constitución por la que juramentan.

¿DOBLE MORAL?

Vargas Llosa tiene un edecán oficioso y funcional en el actual gobierno: Pedro Cateriano Bellido. Siempre fue y es un hombre de confianza del laureado escritor, supuesto defensor universal de la democracia y ferviente opositor a la dictadura fujimorista. Pero su operador Cateriano, como el mismo Vargas Llosa, es antifujimorista para una cosa y pro-fujimorista para otras. Como defensor del estado peruano frente a la CIDH, lo único que hace es avalar uno de los delitos más inocultables e injustificables del fujimontesinismo.

Juan Jiménez Mayor, después de su paso por la Comisión Andina de Juristas, fue viceministro de Diego García Sayán, entonces ministro de Justicia del gobierno de transición de Valentín Paniagua. Y antes fue consultor de la comisión ejecutiva que intervino al Poder Judicial durante el fujimorismo.

Nótense ciertos detalles. Diego García Sayán, hoy presidente de la CIDH, es ex esposo de Eda Rivas Franchini, quien el 2012, juró como Ministra de Justicia, y asume como Ministra de Relaciones Exteriores el 15 de mayo de 2013. Tanto Rivas como Jiménez trabajaron para el gobierno de Alberto Fujimori.

Si esto no fuese suficiente para demostrar doble y hasta múltiple moral, conformémonos con lo más evidente: por un lado, el edecán de Vargas Llosa, Pedro Cateriano, y por otro, el tinglado de García Sayán-Rivas-Jiménez, estarían comprometidos en “salvar el honor” de los comandos, como si no hubiesen cometido violaciones a los derechos humanos durante el rescate de rehenes en 1997 bajo órdenes de Fujimori y Montesinos.

POBRE REPUBLIQUETA CON SOLDADOS DE OPERETA

La institucionalidad democrática no vale un cuerno en nuestro país, ni durante los gobiernos anteriores ni bajo el actual. Los congresistas fujimoristas y apristas no pueden reclamar por esta ilícita subordinación de poderes. Ellos hicieron lo mismo (y peor) cuando gobernaron. El actual gobierno es continuador del fujimorismo, tanto en economía como en violaciones a los DDHH, impunidad a militares genocidas, etc.

Lo más sorprendente es que la operación Chavín de Huántar (1997) sea recordada como un acto glorioso de las FFAA, que no se puede cuestionar, porque “nuestros heroicos comandos” son inimputables. A la republiqueta le hacen falta héroes para justificar gastos militares, derrotas diplomáticas, imposibles recuperaciones de territorios usurpados, etc. La victoria de 142 comandos contra 14 guerrilleros que no habían roto negociaciones con el estado, no es una gran batalla entre fuerzas regulares. Y si le dicen así, fue una batalla sin prisioneros, sin heridos ni rendidos.

Comprobar que cometieron asesinatos de prisioneros, es herejía. Ollanta Humala heredó la tarea de preservar el prestigio de sus colegas, habiendo sido él un militar antisubversivo durante la guerra interna, acusado de violaciones a los DDHH. Sus héroes de opereta pueden ganar una “batalla” de 142 contra 14, porque como dijo Manuel Scorza, las únicas guerras que el ejército peruano puede ganar son contra los peruanos mismos.

Paradoja de la historia: los 14 guerrilleros del MRTA, no asesinaron a ningún rehén. Y tuvieron en sus manos a ladrones, traficantes, genocidas de uniforme, entre personalidades del poder y diplomáticos japoneses. Los “gloriosos” comandos no capturaron ni un emerretista con vida, ni rendidos ni heridos. Pero el cráneo de “Tito” habló. Y su discurso hasta hoy es irrefutable.

CONTINUIDAD DE LA IMPUNIDAD SIN ESCRÚPULOS

El juez San Martín dice en el audio: “Es evidente que lo que uno quiere, como Estado, con la independencia del caso, es que se diga ‘no hay muerto extrajudicial, murieron en combate’. (…) Obviamente, el peor escenario es que se diga que todo fue planificado y que hubo una orden, en consecuencia se mancha Chavín de Huántar”. San Martín fue uno de los vocales supremos de la Sala Penal Transitoria que, hace un par de semanas, el 25 de julio de este año, ratificó la absolución de Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra por el caso Chavín de Huántar. (...) Es decir, San Martín ratificó la sentencia de la que conversó con Rojjasi en mayo de 2012. 

Probado está que para absolver a sus “heroicos comandos” ante la CIDH, hay que absolver antes aquí a Montesinos, Hermoza Ríos y Huamán Azcurra. Sin escrúpulos.

Entonces, ¿cuál fue el interés de San Martín al interferir con las decisiones de la jueza Rojjasi el 2012? Si el 2013 ratificó la sentencia de Rojjasi, la misma que admite la ejecución extrajudicial del camarada “Tito”, el objetivo no fue ése sino la absolución de Montesinos, Hermoza y Huamán.

Si hubo o no una cadena de mando paralela, la diferencia es insoportable para el más burdo sentido común. Dos policías que fueron parte del SIN en ese operativo, ratifican su versión sobre el asesinato de “Tito”, al igual que Ogura, uno de los rehenes japoneses: ejecutaron a prisioneros rendidos.

Nosotros -dice Hidetaka Ogura en su libro "El diálogo obstruido", publicado en Japón el año 2000- nos vimos obligados a bajar por una escalerilla que el cuerpo especial colocó en la terraza. Yo fui el antepenúltimo (...) en asirme a la escalerilla. En ese momento vi (...) detenidos a Cynthia y otro guerrillero (no pude ver su cara). Cynthia gritaba. No pude captar bien si decía `No lo maten' o `no me maten'.

Los dos emerretistas mencionados eran de baja estatura y estaban rodeados por cuatro comandos más altos que ellos. No vio si los subversivos aún estaban armados y tampoco quién era el que acompañaba a Cynthia.

La otra escena que relata Ogura habría sido observada por muchos rehenes que luego callaron o se retractaron. Se refiere a Eduardo Cruz Sánchez, "Tito", quien sigue siendo el asesinado más visible:

Todos los rehenes que estábamos en la habitación 'I' fuimos conducidos hacia la casa contigua por el túnel por el cuerpo especial . Ahí vi a `Tito', el número dos, tirado en el suelo con las manos amarradas atrás. De esta escena he sido testigo junto con diez rehenes japoneses y siete rehenes peruanos. La casa vecina donde fuimos (...) a refugiarnos estaba resguardada por el cuerpo de la Policía Nacional, pero `Tito' fue llevado de regreso a la residencia del embajador Aoki.

¿A QUÉ LE TEME EL ESTADO PERUANO?

Las temidas consecuencias de un nuevo giro ante la CIDH son dos:

A. - Políticamente, quedaría descalificada la operación de rescate y los comandos que la ejecutaron. Y para salvar de responsabilidad a Fujimori, Montesinos, Huamán y Hermoza, les sería insuficiente escudarse tras el honor de  los "heroicos comandos" .

B.- Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos  determina que hubo una violación del derecho a la vida, el estado peruano estaría obligado a dar una reparación económica a los familiares.

Esta última les causa estupor. Para el procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, detrás de estas denuncias existe la pretensión de cobrar al Estado millonarias indemnizaciones. “Estamos desarrollando ahora toda una línea de investigación, respecto a estas indemnizaciones millonarias que se están cobrando. (…) La doctrina jurídica indica que uno no puede obtener enriquecimiento de una indemnización”, manifestó al diario Gestión.