Drogas y candidatos puestos a prueba

Las drogas en el Perú, como en Colombia, son mercancías de libre circulación y consumo. Los que prometen legalizarlas hacen de comediantes bufos, generando un instante de discusión para beneplácito de la prensa conservadora. Prometer legalizar aquello que no se persigue, es una hipocresía. Y no es casual que los dos narco-estados más conocidos de Sudamérica, sean gobernados por fieles servidores del imperialismo, garantes del equilibrio estratégico y geopolítico de los yanquis en la región.

Los hipócritas de peor calaña exigen que hoy los candidatos a las próximas elecciones se hagan análisis clínicos para saber si alguna vez o hace poco tiempo consumieron estupefacientes. Sería difícil demostrar que el resultado negativo de esta prueba garantiza por sí solo la moralidad de un candidato. Igualmente sería harto difícil demostrar que si alguien consumió cocaína en su despedida de soltero, está destinado por éste hecho a ser un gobernante réprobo.

Alberto Fujimori no consumía cocaína, tampoco marihuana, pero comandó una de las dictaduras más corruptas de nuestra historia republicana. Ante esta enfermedad del poder, sugerimos que se invente el corruptómetro, un aparato detector de impulsos conductuales que desembocan en la degeneración del sujeto analizado, aquel que promete luchar contra el mal pero que terminará sirviendo a las grandes mafias.

LAS DROGAS EN EL PODER

La cocaína ha formado parte del poder desde inicios del siglo XX. Los dueños del poder oligárquico han sido visitantes al fumadero de opio, mezclándose con plebeyos poetas como Abraham Valdelomar y similares. Pero la cocaína triunfa en el mercado de alta alcurnia, infiltrándose entre las rendijas de la corrupción gubernamental y llegando a ser una mercancía de protocolar consumo en los círculos donde se tomaban decisiones. Embajadores y funcionarios de Relaciones Exteriores, aprovechando que en las aduanas no se revisan valijas de diplomáticos, sacaban sus mejores ganancias del tráfico ilícito de cocaína. A partir de los años 70’ se produce el auge de la producción en masa y el Huallaga se convierte en el dorado del narcotráfico en alianza con los gobiernos de turno.

Durante la primera fase de la dictadura militar, jefaturada por el general de división Juan Velasco Alvarado, tuvimos que padecer la gestión fascista del ministro del Interior Armando Artola Azcárate. El rostro autoritario del poder, era Artola. Los mejores chistes de brutos, tenían como personaje a Artola. Las represiones más sangrientas del velasquismo, fueron ordenadas por Artola, con pleno conocimiento de Velasco. El ahora nacionalista Pedro Armacanqui, dirigente del FENEP (luego SUTEP) fue perseguido, encarcelado y deportado por Artola. Ñique de la Puente, también. La matanza de Cobriza y de Huanta, etc. Pero el caso que disimuló Artola ante la historia, fue la llegada de Santana y su conjunto. Les prohibió la entrada al aeropuerto, se bajaron del avión, se quitaron las camisas, no tocaron en el estadio de San Marcos, pero detrás de cámaras y en plena pista de aterrizaje, se hizo el más grande embarque de cocaína de la historia republicana. Santana y su agrupación se fueron contentos del Perú; los sanmarquinos desarmaron butacas y quemaron parte del estadio universitario para que no tocasen música imperialista; los adictos a Santana se quedaron con los crespos hechos y el gobierno revolucionario de la fuerza armada quedó como “antiimperialista”.

El general Francisco Morales Bermúdez, dictador 1975-1980, era un eficiente consumidor de whisky escocés, aunque se decía que su hijo Remigio traficaba cocaína hacia el exterior simulándola en cargamentos de langostinos congelados. Remigio, durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990), se hizo más famoso que cuando fue el hijo del dictador militar y gozaba de impunidad absoluta. A su presidente lo veíamos aparecer en estrados, balconazos y tribunas, dándose discursos surrealistas sin disimular las muecas y escozores de ojos y narices que producen las caspas del volátil alcaloide andino. Las peripecias de Remigio quedaron tras las tinieblas del poder, igual que las de su presidente, garantizados ambos por el olvido de un pueblo desmemoriado, por la impunidad y la prescripción de delitos.

Y que nadie se olvide que el gran narcotraficante Carlos Lambert fue capturado en aguas de Acapulco, 1986, llevando en su yate no sólo cocaína, sino al conspicuo hombre de confianza de Haya de la Torre, el guardaespaldas aprista Jorge Idiáquez. Y que nadie olvide que si Lambert fue el narco-financista del APRA en los 80’, también Acción Popular tenía el suyo: Guillermo Cárdenas Dávila "Mosca Loca", detenido y juzgado en 1981.

Recuerdo que durante el primer alanismo, trabajé en la cámara de diputados adonde llegó un sujeto que conocía antes del Callao, lo cual me sorprendió mucho. Me confesó que era el abastecedor de los diputados que consumían cocaína de gran calidad. También abastecía a la cámara de senadores. Ciertamente, en cada cierre de legislatura, no eran pocos los padres de la patria que concurrían a los servicios higiénicos para “ponerse las pilas”. Si nunca exigieron que Enrique Chirinos Soto abandonase el hemiciclo por ebriedad, fue porque don Enrique, alcohólico radical, conocía la lista de parlamentarios que eran y son empedernidos cocainómanos. Así fue que Chirinos Soto se consagró como el más borracho del parlamento, sin cuestionamiento alguno.

El alto consumo de alcohol, como el de cualquier droga, es razón de graves alteraciones de la conciencia que pueden conllevar a una conducta delictiva. La mayor cantidad de crímenes por emoción violenta se perpetran bajo efectos del alcohol. El poder y el trago tienen más amplia tradición que el poder y la cocaína. Pero así como la ley seca en los años 20 de EEUU sólo produjo el efecto inverso, la censura de candidatos con restos de cocaína en la sangre de nada sirve.

¿HAY QUIEN TIRE LA PRIMERA PIEDRA?

El tráfico de drogas en el Perú goza de buena salud y sigue siendo un negocio sólido porque el Estado se encarga de cautelar los intereses de los narcotraficantes. Volviendo a Fujimori, éste no se drogaba, pero cogobernó con las firmas de narcotraficantes a quienes les encargaba la logística de los batallones antisubversivos. Su asesor Vladimiro Montesinos, con consentimiento del presidente, compartió ganancias del narcotráfico; y su hermano Santiago fue el único que conocía realmente cómo el avión presidencial llevaba tanta cocaína refugiada en sus alas.

El vicepresidente Luis Giampietri, desde las altas torres del almirantazgo, tiene que conocer cómo cada cierto tiempo la Marina de Guerra del Perú es sorprendida en lejanos puertos con una considerable carga de cocaína en sus bodegas. No me diga este señor, impune por la matanza de El Frontón en 1986 y asalariado vitalicio de la Municipalidad del Callao por ser “ciudadano ilustre” según Alex Kouri, que no se ha enterado. Notemos que el traje blanco es el favorito de los capos del narcotráfico.

¿Y la DEA?... Por favor, tendría que ser muy ingenuo para afirmar que la DEA yanqui persigue el tráfico de drogas. Más bien, busca neutralizar a unas bandas para que otras tengan el monopolio. Siempre digo que si las autoridades policiales norteamericanas trabajasen una semana en serio, se acabaría el ingreso de drogas por aeropuertos y puertos de EEUU.

Mientras se generan grandes ganancias por un negocio lesivo a la salud mental de las nuevas generaciones, hay quienes se fijan en el cabello de los candidatos como si esta cómica precaución fuese garantía de que “los que no se drogan” van a parar su comercialización. Ya está visto que los “zanahorias” tampoco están interesados en detener la ola de corrupción que continúa arrasando al Perú. Pregúntenle a Rafael Rey Rey si ha acabado con el narcotráfico dentro de las propias Fuerzas Armadas.

Eso sólo le corresponde a quienes tienen una férrea convicción de cambiar los destinos de nuestro país, aún a costa de la propia vida y conspirando contra el modelo de dominación que se refugia tras la careta de una democracia representativa que ya no da para más. Una democracia sujeta al libre juego de la oferta y la demanda es un modelo que sólo garantiza el precio del poder, la perennización de las mafias y la venta de curules parlamentarias. El narco-estado se sustenta en estas libertades que sólo pueden ser santificadas por los ingenuos o los interesados en grandes negocios.
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