El gobierno aprogenocida de Alan García ha entrado a una etapa de pánico frente al crecimiento de las protestas sociales. El criminal García y su secuaz Giampietri recurren al mejor argumento después de la penalización de la protesta y de la criminalización de la acción de masas: la persecución por "terrorismo".
Hasta el momento, los parlamentarios apristas vienen dando una lección al mundo al demostrar que un gobierno supuestamente democrático, un autoproclamado "estado de derecho", puede dictar normas propias de los regímenes fascistas, como el mal recordado Generalísimo Francisco Franco, de la post-guerra civil española. El aprismo colinda con el franquismo hispano, con el fascismo italiano de Mussolini, con el nacional-socialismo alemán de Hitler y toma peores medidas que Pinochet en Chile y Videla en Argentina.
Si preguntásemos a Mercedes Cabanillas y a su presidente Alan García qué es "terrorismo", responderían algo muy ajeno a la realidad de los años 1980-1992. Ahora se trata de condenar como "terrorismo" las medidas usuales en la protesta popular, después de haber penalizado cualquier acción directa de masas. Los "terroristas" actuales, según el "pensamiento García", son comuneros agrarios que protestan contra las empresas mineras, son trabajadores que toman locales, son obreros mineros que bloquean carreteras, son nativos amazónicos que, como en Bagua, defienden sus recursos y soberanía.
O sea, para los preguntones, se trata de englobar bajo el membrete de "terrorismo" no aquello que condenaba Lenin y los bolcheviques, sino todos los delitos y faltas cometidos contra el Estado, contra el orden público, contra las vías de comunicación y hasta contra el ornato público de parques y jardines.
Acerca de los ex-presos por "terrorismo", la ley de Mercedes Cabanillas vulnera los principios generales del Derecho y atenta contra la Constitución. Por eso los sectores progresistas del país deben pensar ya en una acción de inconstitucionalidad.
Una de las garantías del derecho penal y en especial del derecho penitenciario es la rehabilitación social del reo y su reincorporación a la sociedad. Muchos acusados por terrorismo, inocentes o no, antes de ser encarcelados, eran maestros que al salir de prisión se han reincorporado al magisterio. Muchas personas que perdieron 10 o 15 años de su vida, han salido para reconstruirla con su trabajo como docentes. Muchos que han pagado sus deudas con la ley tienen derecho a reincorporarse a la sociedad: tienen derecho a trabajar. Mercedes Cabanillas quiere que no trabajen, que no se reincorporen a la sociedad y que -si es posible- empiecen a delinquir para ganarse el pan.
Por ejemplo, el partido aprista no presentará jamás una ley que proscriba a los directores acusados de corrupción, porque se quedan los colegios sin apristas. Los congresistas apristas nunca dictarán una nueva ley que le cierre las plazas de trabajo en la educación a los políticos acusados de malversación de fondos, peculado, estafa o robo. La célula parlamentaria aprista no se atrevería a elaborar un proyecto de ley que censure el acceso al trabajo en educación a quienes han sido acusados por delitos de lesa humanidad.
El búfalo extrauniversitario y antiuniversitario Mauricio Mulder tiene bajo el sobaco otro proyecto de ley que impondría de 8 a 10 años de cárcel por planificar actos de terrorismo. ¿Qué significa esto? Significa que encarcelarán a quienes incurran en tratativa de delito, ni siquiera en intento de delito. ¿Cómo se comprobaría la tratativa de delito? ¿Tal vez por la suposición o elucubración de los investigadores policiales?
La ley de la "varonesa" Cabanillas ha penalizado la apología del delito de terrorismo por medio de internet. O sea que quienes discutimos de cosas serias por los foros, listas y cadenas de opinión, desde ahora tendremos que hacerlo en cabinas públicas y bajo seudónimo.
Personalmente debo confesar que ya he sido citado a DIRCOTE por emitir mi opinión y firmarla con nombre y apellido. Ergo, en el Perú, así diga lo contrario la Constitución, se persigue el delito de opinión, como lo hace cualquier dictadura militar.
Llamamos especialmente al SUTEP a que se pronuncie y a todos los CONARE para que demuestren hasta qué punto son revolucionarios o simples economicistas sanchopancescos. Es la hora de oponerse activamente a estos proyectos de ley fascistas, totalitarios y antimagisteriales. Nadie quiere ser docente en el Perú si quedan otras alternativas de trabajo, porque el sueldo es bajísimo y las exigencias son muchas. Pero además ahora van a hostilizar a los docentes por sus opiniones, por sus lineamientos y hasta por su pasado. Es hora de unificar esfuerzos y de combatir.
http://elcomercio.pe/impresa/edicion/2010-07-03/ectd030710a2/03
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