miércoles, 31 de octubre de 2012


COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

SOBRE EL PROYECTO DE LEY CONTRA EL NEGACIONISMO


Los escritores, poetas, dramaturgos, artistas,  intelectuales y profesionales que firmamos el presente comunicado, nos oponemos al proyecto de ley contra el negacionismo presentado al Congreso de la República por el Presidente de la República Ollanta Humala Tasso y el Presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor, el 28 de agosto de 2012, por las siguientes razones:

PRIMERO.- La Constitución vigente, en su Artículo 2°, indica, en los incisos que señalamos a continuación, que toda persona tiene derecho:

Inciso 3.        A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias.  No hay delito de opinión.  El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la  moral ni altere el orden público.

Inciso 4.        A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código  Penal y se juzgan en el fuero común.

Inciso 8.    A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

SEGUNDO.- El proyecto de ley presentado al Congreso de la República por el Presidente de la República Ollanta Humala Tasso y el Presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor, el 28 de agosto de 2012, pretende incorporar el art. 316-A al Código Penal en los términos y condiciones siguientes:

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años el que públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas, previstos en el artículo 2° del Decreto Ley N°25475 y establecidos en una sentencia judicial firme, de modo tal que el contenido de esas expresiones resulte idóneo y suficiente para los siguientes fines:

a) Menospreciar, hostilizar u ofender gravemente a un colectivo social.

b) Enaltecer a los responsables de dichos delitos.

c) Propiciar o estimular la violencia terrorista.

d) Sirva como medio para adoctrinar con fines terroristas.

TERCERO.- El Proyecto de Ley contra el negacionismo que hemos expuesto, pone en peligro las libertades que la Constitución señala en cuanto a libertad de expresión, opinión, creación intelectual, artística, técnica y científica.

CUARTO.- El Perú ha vivido un conflicto armado interno que enlutó al país y este drama colectivo se ha reflejado (y continúa reflejándose) en creaciones literarias, artísticas, artículos de opinión y obras de análisis científico-social que no deben ser censuradas por ley alguna.

QUINTO.- De aprobarse este proyecto y promulgarse la ley, los jueces y fiscales estarían facultados para interpretar el grado de responsabilidad -dolosa o culposa- de escritores, artistas e intelectuales que se refieran en sus obras a hechos y personajes que participaron en el conflicto armado interno. Esta libre interpretación de jueces y fiscales los autorizaría a calificar qué obras o autores enaltecen a los responsables de delitos de terrorismo, propician o estimulan la violencia o sirven para adoctrinar con fines terroristas.

SEXTO.-  Por estos motivos, los escritores, poetas, artistas, intelectuales y profesionales que firmamos el presente documento rechazamos el proyecto de ley contra el negacionismo, previniendo a la opinión pública sobre las consecuencias que traería su aplicación en el campo del arte y la cultura, así como en el del periodismo y las ciencias sociales. Asimismo señalamos el carácter anti-constitucional del proyecto mencionado y su plena identidad con regímenes totalitarios de corte fascista que han oficializado la persecución de personas por motivo de ideas.


FIRMAS:
Dante Castro Arrasco, escritor, docente y periodista DNI N° 25402972

Gonzalo Espino Relucé, poeta, docente universitario. DNI N°07207593

Mary Ann Agurto. Poeta, promotora cultural. DNI N° 40140144

Bernardo Rafael Álvarez, poeta. DNI N°25486055

Javier Arévalo, escritor, periodista y editor, DNI N° 07237428

Ysabel Gutierrez Yagui. Abogada defensora de Derechos Humanos. DNI N° 09843047

Oscar Calderón Torres, poeta,docente. DNI N° 09327384

Juan Soria Cevallos, periodista. DNI N° 09675756

Ricardo Virhuez Villafane, escritor y editor. DNI N° 08480806

Dimas Arrieta Espinoza, escritor y docente universitario. DNI N° 07919044

Jorge Casilla Lozano, escritor y docente. DNI N° 41571451

Percy Ramírez, escritor, docente universitario. DNI N° 10070847

José Eduardo Bendezú Gutarra, poeta. DNI N° 70440561


Eduardo Gonzalez-Viaña, escritor y docente DNI 18172685

Walter Lingán, poeta y escritor. DNI N° 523522780

Mary Soto Bringas, poeta y periodista. DNI N° 08628144

Ana María Intili, poeta y doctora en medicina. DNI N° 08245377

Timoteo Atoche Gutiérrez, arquitecto. DNI N° 08246049

Gerado Benavidez Caldas, sociólogo y docente. DNI N° 06204078

Edgar Saavedra, escritor.  DNI N° 10144958

Rogger Tang Rios poeta y narrador DNI N° 32835718

Ivan Alfonso Loyola Velarde, escritor. DNI N° 06474063

Rosa Emma Robles Trinidad, socióloga y declamadora. DNI N° 46270470

Irene Vegas García, catedrática, crítica y poeta. DNI N°  06407679

Pedro Manuel Truel Robles, antropólogo. DNI N° 40463026

César García Lozada, economista y escritor. DNI N° 06182908

Víctor Aguirre Aroni, historiador. DNI N° 43300968

Casimiro Ramírez Tenorio, escritor. DNI N° 08341884

Arturo Vicente Aponte Nuñez, abogado, poeta y luchador social. DNI N° 07281225

Yasmín Díaz Gavilán, periodista. DNI N° 09851438.

José Carlos Medina Montes, estudiante de Derecho y dramaturgia. DNI N° 45191418

Javier Enrique Garvich Rebatta, sociólogo, promotor cultural. DNI N° 08822336

Juan Cristóbal, poeta y docente. DNI N° 08705429

Jorge Espinoza Sánchez, editor, escritor y poeta. DNI  N° 8636855

Sócrates Zuzunaga Huaita, escritor. DNI N° 09900323

José Antonio Mazzotti, poeta y catedrático. DNI N° 06350301

Rosina Valcárcel Carnero, poeta y catedrática. DNI N° 07330070


César Ángeles, escritor, periodista y docente universitario. DNI N° 08775721


José Abelardo Güich Rodríguez, escritor, periodista y docente. DNI N° 07272400


Roger Santibáñez, poeta y docente universitario DNI N° 08104162

(SIGUEN FIRMAS)

domingo, 28 de octubre de 2012

Y SE ACABÓ LA PARADA CON SALDO DE CUATRO MUERTOS


El capitalismo prodiga libertades. No digo políticas, pues cuando siente que se le mueve el piso, recurre a dictaduras genocidas. Digo libertades comerciales. “Dejar hacer, dejar pasar”: ése es su lema desde Adam Smith. El libre juego de la oferta y la demanda, según su teórico principal, lo regula todo. El Estado debe asumir un rol pasivo o estrictamente policial. El caos comercial que surgió en La Parada, es un resultado ejemplar de estas recetas.

En 1945, se construyó el Mercado Mayorista de Lima en los terrenos cedidos por la familia Cánepa, haciendo que se concentre en La Victoria un gigantesco movimiento comercial. Como todo macro mercado necesita de empresas de transporte (de pasajeros y mercadería) los paraderos y corralones se instalaron en las avenidas 28 de Julio, Aviación y Gamarra. Así se le denominó “La Parada”, llegándose a zonificar el binomio comercio-población que trajo como consecuencia las invasiones de migrantes andinos al Cerro San Cosme desde 1946. La diversificación del comercio allí hizo surgir otros negocios que surgieron tras un crecimiento caótico y calcutizado. Desde entonces, ningún gobierno, sean dictaduras o democracias, enfrentó el problema. Los que piden “mano dura” deberían tomar en cuenta que las dictaduras más feroces convivieron con el desorden y en virtud de un populismo inaceptable dejaron hacer y dejaron pasar. Después de 67 años, un gobierno municipal se atreve a ordenar algo que se convirtió en foco insalubre, nido de delincuentes y de comerciantes que acrecentaron sus millones gracias a la informalidad.

El asunto se agudiza si no se calculan los riesgos del impacto social que produce un traslado. La alcaldesa Susana Villarán ahora enfrenta la insurgencia de diversos sectores e intereses unidos que se resisten al ordenamiento y la reubicación. El descontento ha sido capitalizado por la derecha que pide su revocatoria. Esa revocatoria fue fomentada, desde el comienzo de su mandato, por el alcalde Castañeda Lossio, la derecha y el fujimorismo. El interés principal estuvo en frustrar las investigaciones de la gestión edil anterior. Por eso agitaron la revocatoria incluso antes que la actual alcaldesa hubiese cometido algún error.

Queda demostrado hoy que Susana Villarán no tenía una estrategia social para la reubicación de La Parada. Como hemos dicho en el artículo anterior, esto no es un simple caso de delincuentes pagados por los grandes comerciantes. La derecha ha capitalizado el descontento de pequeños comerciantes, ambulantes, trabajadores por cuenta propia, estibadores y delincuentes que han hecho su modo de vida allí. Esos son los protagonistas de una violencia masiva que ha sorprendido a los televidentes. Los grandes emergentes, ya tienen soluciones y no temen al traslado. Otros menos grandes tienen contratos pendientes y fomentan o financian convulsiones sociales.

La reubicación de La Parada implica la desarticulación económica de dos distritos que han vivido gracias a ella. Cerrar el paso de camiones con grandes bloques de concreto, implica que cientos de personas no trabajarán los siguientes días. Pero más allá del reordenamiento necesario, esto nos obliga a meditar acerca del caos que trae el crecimiento capitalista en Lima.


El alcalde Alberto Andrade tuvo que enfrentar a los comercializadores de pirotécnicos después del macabro incendio de Mesa Redonda. Frente a cada ordenanza municipal de Andrade, los comerciantes sacaban una acción de amparo del Poder Judicial. Ni el enorme número de víctimas pudo motivar su reubicación. Allí siguen, hasta ahora, hacinados y sin las mínimas condiciones de seguridad.

EL SALDO FINAL


La Parada sale, victoria del municipio, pero esto deja sin ocupación a una multitud que vive en los alrededores. Los delincuentes, entre quienes se alzaron, no fueron tantos. Eran más los sub-ocupados, estibadores, ambulantes, vendedores de alimentos, recicladores, etc., que se quedan en la calle. La mafia se traslada a Santa Anita: solamente es un cambio de lugar.Los que amasan fortunas siempre ganan, aquí o allá.


Si nos demuestran que la delincuencia en Lima disminuirá con la reubicación de La Parada, tendremos que reubicar el parlamento para que no haya tanto ratero de cuello blanco. Tal vez la reubicación funcione como pomada milagrosa para curar todos los males.

Los revocadores fujimontesinistas se alimentan de los errores políticos del municipio. Una sana lectura de Sun Tzu le hace falta a Susana Villarán. Antes de ser alcaldesa, despenalizó los delitos menores y nos dejó en manos de los delincuentes. Ahora dice que esos delincuentes, para quienes instituyó la impunidad, son quienes atacaron a la policía.

Lo inaceptable sería legitimar la muerte como solución para instaurar el orden o cumplir la ley, porque igual procede el gobierno frente a los muertos de Conga o Espinar. Si lo dice así, unos con guitarra y otros con cajón, la misma vaina son.

viernes, 26 de octubre de 2012


LA PARADA DE LA VILLARÁN
Hemos visto horrorizados las imágenes de los luctuosos enfrentamientos en La Parada. La policía fue desbordada y derrotada por una muchedumbre, pero sólo nos explican que son elementos del lumpen y delincuentes comunes al servicio de los principales interesados: comerciantes inescrupulosos, mafias que se resisten a la reubicación, etc. Esta explicación es insuficiente.

Los delincuentes que pueden ser contratados o movilizados por los comerciantes, están lejos, numéricamente, de constituir la muchedumbre que atacó a la policía. Por supuesto los hubo, entreverados en la masa enardecida y aprovechando la ocasión. Pero, ¿quiénes más estuvieron allí dispuestos a matar o morir por la permanencia de La Parada?

Alrededor de los grandes negocios de prósperos comerciantes, se teje una extensa red de intercambios que involucran a muchas personas y familias. Estas personas viven en los alrededores de La Parada y han constituido sus diversos sistemas de vida en torno a ella. En esa galaxia de constelaciones de intereses económicos, tenemos a pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, reducidores, recicladores, estibadores, trabajadores, guachimanes y… ladrones, asaltantes, proxenetas, traficantes de drogas y alcohol barato, etc. Los ricos pueden aceptar mudarse a Santa Anita, pero los pobres y marginales no. Y los marginales, cuando se rebelan, terminan saqueando los negocios de quienes más tienen.

Entonces, más allá del ordenamiento que legítimamente intenta imponer el municipio para terminar con el caos (algo que ningún alcalde anterior quiso tocar), hay un problema social que el equipo de Susana Villarán no entendió o no tuvo interés en investigar. Se supone que es necesario investigar para trazar una estrategia eficaz y prever las consecuencias. Significa conocer esa realidad para anticiparse al riesgo y al impacto social de una medida. Tampoco lo hizo el servicio de inteligencia de la Policía Nacional (PNP).

Los caviares están muy lejos del pueblo. Si durante 30 años lucraron de proyectos en las ONG y miraron con telescopio las estrategias de supervivencia de los migrantes, no pueden hoy entender qué pasó en La Parada. Carecen de tácticas de publicidad que sí tienen sus opositores. Y así como cada partido de gobierno coloca a sus favoritos en puestos de trabajo con jugosos sueldos, los caviares contratan a otros caviares, sea por recomendaciones o vínculos familiares.  No por sus méritos. De ahí podemos explicarnos la incapacidad, la falta de criterio, la irresponsabilidad de funcionarios que gozan de la confianza de una alcaldesa que no tiene facultades de liderazgo.

La Policía Nacional se ha mostrado incompetente. Los hemos visto antes hacer prodigios de movilización y concentración de fuerzas contra el pueblo organizado. Pero, ¿no estará esta “casual” incompetencia ligada a los intereses de quienes promueven la revocatoria? ¿Enmudecieron sus agentes de inteligencia? Entendemos que la policía no  fue a desalojar sino a “acompañar” a la colocación de bloques de cemento para cercar la zona y garantizar el cumplimiento de una ordenanza. Entendemos que ello no tenía que coordinarse con la fiscalía. Pero si se nos dice que la acción fue coordinada, con anticipación, entre la Policía y la Municipalidad, ya sabemos por dónde se pudre el asunto. El alto mando de la PNP sabía la fecha en que se colocarían los bloques y que coincidía con la ausencia de la alcaldesa. Entonces pudo alertar a los artífices de la revocatoria y a la muchedumbre que vive de La Parada, porque nunca más tendrían una oportunidad así.

La aplanadora mediática de conciencias hace tiempo funciona contra la alcaldesa Villarán. Ella, no quiso tener un equipo de contraofensiva mediática. El voto de izquierda la puso en el gobierno municipal. Pero apenas tuvo la ocasión, deslindó con la izquierda, se declaró antichavista y antifidelista. Mientras tanto, sus opositores (que sí están unidos) han hecho coincidir la rebelión de los marginales, su ausencia del país y la entrega al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del último lote de firmas a favor de la revocatoria. Hasta este momento, se contabilizan dos muertos por los sucesos de La Parada. Siguen los saqueos, la gente del cerro se moviliza nuevamente y el presidente Humala no se pronuncia. Una vez más tendremos que apoyar a la elegida por el pueblo, pero no podemos tapar el sol con un dedo.